UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO
Distrito CABA - Elecciones 2025
I. PREÁMBULO Y PRINCIPIOS
Para el liberalismo, el fin supremo de Justicia del Estado es garantizar un ámbito de libertad en el que cada individuo pueda desarrollar en plenitud sus potencialidades valiosas. En 2025, esta premisa adquiere renovada urgencia frente a un escenario nacional caracterizado por persistente inestabilidad macroeconómica, déficits institucionales y desconfianza ciudadana hacia la dirigencia política. Se reafirma que donde hay concentración de poder, corrupción, impunidad, frivolidad y despilfarro público, no hay libertad; donde no hay moral republicana ni austeridad, no hay libertad; donde no hay seguridad personal ni jurídica, no hay libertad; y donde persisten pobreza y desempleo, la libertad se convierte en mera declaración.
II. PREFERENCIA POR UNA COALICIÓN DE CENTRODERECHA
La Unión del Centro Democrático declara expresamente que prefiere y promoverá la formación de un gobierno de coalición amplio, integrado por todos los actores relevantes del espectro de la centroderecha. Dicho gobierno deberá fundarse en una base programática común, con objetivos claros en institucionalidad, libertad económica, seguridad, educación y salud, y establecer mecanismos formales de coordinación, control recíproco y transparencia. Esta posición responde a la convicción de que los desafíos actuales exigen consensos amplios para sostener reformas estructurales de largo plazo, blindadas contra vaivenes políticos coyunturales.
III. INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA
Desde la reforma constitucional de 1994, que institucionalizó los decretos de necesidad y urgencia y amplió la delegación legislativa, se ha consolidado una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo. En 2025, esta práctica persiste, erosionando el equilibrio de poderes y debilitando el sistema republicano. El Congreso ha cedido protagonismo, y la ciudadanía percibe que los grandes temas se resuelven por vía ejecutiva. El Poder Judicial continúa sujeto a presiones políticas, con un Consejo de la Magistratura cuya composición no asegura independencia. La UCEDE propone reformar el Consejo garantizando equilibrio real entre estamentos, restringir sus facultades a lo estrictamente constitucional, instaurar concursos de ingreso y establecer Comisiones Éticas en cada repartición pública.
IV. ECONOMÍA Y FINANZAS
La estabilidad macroeconómica sigue siendo un objetivo incumplido. En junio de 2025, la inflación mensual se ubicó en torno al 1,5 % (INDEC, 2025), con proyección anual entre 20 % y 30 % (FMI, 2025). La pobreza, que alcanzaba el 53 % en el primer semestre de 2024, descendió al 38,1 % en el segundo semestre (INDEC, 2025). Sin embargo, persisten alta presión tributaria, mercados distorsionados por regulaciones y gasto público ineficiente. La UCEDE propone: reducción sostenida del gasto, simplificación tributaria con IVA diferenciado para consumo básico, liberalización de mercados, tipo de cambio flotante con bandas, privatización de empresas estatales no estratégicas y promoción de exportaciones agroindustriales.
V. SEGURIDAD Y NARCOCRIMINALIDAD
El avance del narcotráfico y la inseguridad exigen una política integral. La UCEDE propone endurecer penas para delitos violentos y de corrupción, crear un fuero oral especial para delitos contra la administración pública, fortalecer las fuerzas federales en coordinación con las provincias y regular la seguridad privada como complemento de la estatal.
VI. EDUCACIÓN Y CULTURA
La educación es responsabilidad primaria de la familia y función subsidiaria del Estado. Se garantizará la libertad de enseñar y aprender, la coexistencia de instituciones públicas y privadas en igualdad de condiciones, la autonomía universitaria y un sistema de becas por mérito. La UCEDE propone restablecer jerarquización docente, flexibilizar planes de estudio y asegurar financiamiento equitativo, evitando interferencias políticas en la gestión educativa.
VII. SALUD Y PRIMERA INFANCIA
La salud pública es responsabilidad indelegable del Estado en su función subsidiaria. En 2025, los recortes presupuestarios han afectado la cobertura y la prevención. La UCEDE propone restituir programas esenciales, integrar sistemas públicos y privados, implementar una tarjeta sanitaria única y reforzar la atención a infancia, vejez y discapacidad, con especial énfasis en salud mental.
VIII. FEDERALISMO Y AUTONOMÍA DE CABA
Es imprescindible la derogación de la Ley Cafiero para garantizar la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La UCEDE exige una reforma de coparticipación que aumente la participación del distrito y el traspaso completo de competencias, organismos y partidas presupuestarias correspondientes.
IX. RELACIONES INTERNACIONALES Y DEFENSA
La Argentina debe sostener relaciones con todos los países, defendiendo los valores democráticos y los derechos humanos. En el ámbito regional, apoyar los mecanismos de defensa de la democracia en la OEA y el MERCOSUR, condenar dictaduras como las de Cuba y Venezuela, y reclamar por vía pacífica la soberanía de Malvinas. La Defensa Nacional debe modernizarse con presupuesto suficiente para disuasión y control efectivo del territorio, fronteras y espacio marítimo.
X. MERCADO LABORAL, PROTECCIÓN SOCIAL Y PREVISIÓN
La rigidez laboral y la elevada informalidad frenan el desarrollo. La UCEDE propone liberalizar el mercado de trabajo, implementar programas de capacitación y reconversión laboral, establecer un subsidio temporal por desempleo y permitir el acceso voluntario a sistemas previsionales privados, garantizando la sostenibilidad del sistema.
XI. VIVIENDA Y URBANISMO
Se rechaza toda legislación restrictiva que distorsione el mercado de alquileres. La UCEDE propone incentivos a la construcción privada de viviendas mínimas, créditos hipotecarios accesibles y proyectos públicos en coordinación con el sector privado para resolver el déficit habitacional.
XII. INNOVACIÓN, ENERGÍA, AGROINDUSTRIA Y AMBIENTE
La innovación y la tecnología son motores del desarrollo. La UCEDE promoverá energías competitivas, inversión en agroindustria de exportación, incentivos para desarrollos tecnológicos y una política ambiental basada en análisis de costo-beneficio, garantizando sustentabilidad sin frenar la producción.